El Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable «es resultado de las luchas de miles de mujeres, que se plasmaron en la sanción de la ley 25.673 que crea dicho programa. El programa asimismo es responsable de la aplicación de la ley de anticoncepción quirúrgica n° 26.130 y la ley de identidad de género, n° 26.743».
El martes 12 de enero fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 114/2016 que establece una nueva diagramación en el Ministerio de Salud, donde aún no figuran las direcciones que se llevarán adelante. Lo que pone en peligro la continuidad d este programa.
Mediante un comunicado, la Campaña Nacional por el Derecho Al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, denunció su «honda preocupación» ya que «en este contexto genera incertidumbre respecto del futuro de los lineamientos del mismo, el futuro de sus líneas de trabajo y el destino de sus trabajadoras/es».
Gabriela Trad Malmod, integrante de Patria Grande y Mala Junta, nos comentó que con este DNU lo que peligra es la continuidad del suministro de insumos tales como métodos anticonceptivos, tanto preservativos, como pastillas anticonceptivas, así como las capacitaciones que se venían llevando adelante y la formación de equipos de Salud centrados en el pleno acceso sin barreras al sistema sanitario.
«Cuando hablamos de género y cuestiones sexuales no hablamos meramente de lo reproductivo, hablamos de tener una vida sexual libre de violencia, elegir libremente, tener acceso libre a la información» aseguró Gabriela en comunicación con La Lechuza.
«Estos son nuestros derechos, no un regalo del Estado» resaltó Gabriela y agregó «este programa se relaciona directamente con la Ley de Educación Sexual, con el acceso a la información». «Entendemos que esta medida es parte de un contexto de achicamiento y desmantelamiento de muchos derechos conquistados» subrayó.
