Así lo afirmó el director del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Marcelo Yornet. Cómo es la situación del acceso a la vivienda digna en la provincia.
El director del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Marcelo Yornet, visitó el último sábado los estudios de Radio Comunitaria La Lechuza y conversó con Miguel Ambas y Bianca Piacentini (La Mecha) sobre las distintas problemáticas vinculadas al acceso a la vivienda en San Juan.
Para realizar un primer acercamiento al organismo es importante conocer los distintos modos de financiamiento que tiene el IPV. En el orden nacional es gracias al FONAVI (Fondo Nacional para la Vivienda), el cual se alimenta de los impuestos al combustible. Otra fuente importante es el cobro de las cuotas que deben abonar los propietarios de las viviendas (algo que desde el 2019 se ajustó, en términos legales, para el cobro efectivo de las mismas con subas cada 6 meses). Además, el organismo es financiado por medio de eventuales programas nacionales, como el de Casa Propia, específico del Ministerio de Vivienda destinado al IPV, luego del terremoto del 2021 en San Juan. Finalmente, la Provincia aporta fondos para el ente.
A pesar de las políticas de entrega de viviendas del IPV, atravesada por el azar de los de sorteos, y de ciertas financiaciones que entregan para la compra de materiales de construcción, entre otras, es una realidad que gran parte de la población sanjuanina aún no puede acceder a su vivienda propia. No sólo personas que pertenecen a barrios populares, sino que, también, las de clase media. Sumado a esto, el sueño roto de los jóvenes con salarios mínimos que, en gran medida, no alcanzan a pagar un alquiler y no pueden inscribirse al IPV porque la Ley sólo contempla a grupos familiares y no a personas solas.
Según INDEC, en San Juan hay 818.234 habitantes y, de acuerdo con el IPV, la cantidad total de inscripciones a sorteo supera los 86.000 grupos familiares. «Si tenemos en cuenta que no todos los que carecen de vivienda se inscriben, ya que pueden estar en espera 40 años o toda la vida, la cantidad de grupos familiares inscriptos sería aún mayor. El IPV nunca llega a construir una vivienda para todos«, aseveró Yornet.
Para graficar un poco los datos que brindó Marcelo Yornet, sobre la entrega de viviendas, se propone el siguiente cuadro:
| TOTAL DE ENTREGAS GESTIÓN DE UÑAC 2015-2022 | 14.000 |
| TOTAL DE ENTREGAS GESTIÓN DE UÑAC 2019-2022 | 6.200 |
| TOTAL DE ENTREGAS EN 2022 | 2.200 |
| PROYECTADAS/EN CONSTRUCCIÓN 2023 (AÑO ELECTORAL) | Más de 5.500 |
Otro tema clave, que ha recorrido la historia de nuestro país, es el clientelismo político, utilizado para la obtención de residencias. A lo que Yornet manifestó “Son cuestiones de trasmisión de boca en boca de supuesta información. Aunque no puedo aseverar este tipo de situaciones, sí creo que el clientelismo político existió siempre y debemos evitarlo”.
Otro punto de discusión, para comprender el gran tema del techo propio, es la contratación estatal de cooperativas para llevar adelante trabajos, en este caso, de construcción. Lo que implica un proyecto necesario para el desarrollo de la economía social de nuestro país y para el aumento de puestos de trabajo. En palabras del funcionario, “el trabajo con las cooperativas es difícil. Hay municipios que se toman el trabajo de servir de herramienta de gestión y organización para con las cooperativas y que, de esa manera, estas puedan cumplir sus objetivos laborales para con los organismos estatales, algo que desde el IPV no estamos haciendo”.
Un poquito de historia
A raíz del terremoto de 1944, que devastó la provincia destruyendo más del 80% de la Ciudad de San Juan, se creó el Consejo de Reconstrucción, el cual se encargó de proyectar la construcción de la nueva ciudad. “En ese momento, la convicción era la modernidad, fue así que las veredas se ensancharon, las calles se abrieron, los barrios se renovaron, entre otras medidas”, comentó Yornet.
Luego, en 1972 se instauró el Instituto Provincial de la Vivienda, que tenía como fin la asistencia social, es decir, brindar las herramientas para que las familias con menos recursos pudieran acceder a una vivienda propia.
Conforme a la teoría y los tratados internacionales, la vivienda es un derecho humano. Se habla del derecho a la vivienda digna y adecuada, en condiciones de seguridad, paz y dignidad, pero, en la práctica, ¿es realmente así?
En San Juan, la política de “erradicación de villas” incrementó su fuerza en el año 2003 con la idea de trasladar a las personas de escasos recursos que vivían en asentamientos, villas o lo que hoy se conoce como “barrios populares”. Este traslado consistía en movilizar a las familias que habitaban casas en condiciones de precarización a casas de barrios. Cabe señalar el reciente cambio de denominación de esta práctica: “erradicación” se sustituyó por “relocalización”.
Es cierto que un gran porcentaje de la población no aceptó la relocalización, ya que implicaba que, por ejemplo, vecinos de Rawson sean llevados a vivir al departamento Chimbas causando un grave problema de desarraigo para las comunidades afectadas. Las familias relocalizadas, de alguna manera eran despojadas de su lugar de residencia, junto su manera de vivir cotidianamente. Yornet justificó que “esto tiene que ver con que la relocalización se realiza en los lugares y terrenos que pertenecen al Estado y, por eso no se cumplió en la mayoría de los casos con la idea de “arreglar” el lugar en el que ya estaban ubicadas las familias”. Además, es de vasto conocimiento la estigmatización que sufrían las personas de los barrios populares por sus nuevos vecinos. Es por esto que, de acuerdo al funcionario, “se continúa con la política de relocalización, pero con la implementación de la política de respeto por las ubicaciones de los barrios populares, por ejemplo, con el Asentamiento Pedro Echague en el departamento Santa Lucía”.
