El viernes se presentó la Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta impulsada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias y el Colectivo de Información y Acción Jurídica (CIAJ). En su primera etapa, la campaña produjo una serie de 5 spots radiales que parten de frase del acervo social extendido que niega el derecho a la protesta social para operar sobre su desnaturalización y contrastación racional e histórica.
El encuentro, del que participaron referentes de organizaciones sociales y comunicadores populares, tuvo lugar en la sede de FARCO (CABA).
“Quienes lanzamos la Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta entendemos que no hay democracia sin libertad de expresión, que la libertad de expresión es el nervio de la democracia. La libertad de expresión es una libertad colectiva que necesita del activismo, de la movilización y de la solidaridad social. Si los derechos se tienen cuando se los ejerce, la manera de garantizar su ejercicio será a través de la organización colectiva”, expresaron FARCO y el CIAJ en el documento de presentación.
En la apertura de la actividad, Sofía Caravelos, abogada integrante del CIAJ, explicó que, desde diciembre del año pasado, comenzaron a analizar las políticas públicas en relación a la protesta: “Fuimos interpretando que determinados sectores más vulnerables iban a sufrir más las medidas, y que aquellos sectores no organizados iban a ser los más criminalizados en relación a la protesta. Enseguida apareció la propuesta del Protocolo Bullrich en relación a la criminalización de la protesta. Esto no solo tiene que ver con un protocolo jurídico, sino que, fundamentalmente, nuestra lectura tenía que ver con un contexto que legitimaba ciertas medidas del gobierno nacional”. También contó la experiencia de La Plata -capital bonaerense y escenario de muchas luchas y reclamos-, donde el protocolo se intentó reproducir a nivel municipal: “junto con muchas organizaciones decidimos parar esa avanzada que planteaba el Concejo Deliberante a partir de nuclearnos y discutir en términos jurídicos y sociales la legitimidad con la que se suponía que estaban discutiendo los legisladores locales ese protocolo”.
Además, señaló que esta serie de spots forma parte de otras herramientas y materiales vinculados a la promoción y protección de derechos que ha desarrollado el colectivo.
Corte
Mariela Pugliese, presidenta de FARCO, expresó: “las radios del foro venimos cubriendo desde lo comunicacional y también con el cuerpo estas protestas sociales. Nuestra radios no son solo radios, son organizaciones que estamos en las calles, sufrimos estas violaciones a nuestros derechos pero, además, la particularidad de ser medios de comunicación nos obliga a pensar cómo armar un discurso que vaya desestructurando esto tan arraigado no garantiza estos derechos y que además reprime y avala con sus discursos esta represión”.
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Manuel Ferrer, comunicador de FM Riachuelo e integrante la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), celebró el lanzamiento de la campaña y “la decisión del CIAJ de respaldarse en los medios comunitarios y populares para militar contra sentidos comunes que se vienen instalando” . También señaló que se está reforzando la criminalización y estigmatización de los trabajadores de la economía popular, en particular los que trabajan en la vía pública, y que “la calle es el lugar donde podemos resistir y seguir luchando por los derechos que nos faltan”.
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Alejandra Díaz, redactora de la revista La Garganta Poderosa remarcó que “el pueblo tiene derecho a expresarse y una manfestación es una expresión de un pueblo y eso no puede ser atropellado”.
Manuel Trufó, coordinador del Área de Violencia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales,expresó: “es un momento clave para dar esta disputa simbólica. Nosotros hacemos la evaluación de que hay un cambio de enfoque desde el Estado en relación a lo que es la protesta social. Si uno mira la gestión (de gobierno) anterior puede encontrar muchos casos de represión y si uno mira estos meses puede encontrar protestas que no fueron reprimidas o cortes que no fueron desalojados. En términos generales, nos parece que antes primaba una cuestión fundamental de que la protesta es fundamental para la democracia y un derecho básico, mientras que ahora prima una idea de que es desorden, factor de conflicto y que debe tratar de evitarse a toda costa”. Dijo que esto se funda en que la conflictividad social se va a ir incrementando por el contexto socio económico que se está gestando desde diciembre de 2015: “en este sentido, el protocolo es un mensaje disciplinador, tiene una función comunicacional central para decir que la tolerancia no va a ser la misma”.
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Sebastián Prevotel, miembro del Centro Nueva Tierra, compartió la adhesión de la organización a la campaña ya que trata de “problematizar e interrogar el sentido común, una tarea urgente y de largo aliento”.
María Andrea Piesco, en representación de la Defensoría Pública de la Ciudad de Buenos Aires, se refirió al Programa de Intervención en la Conflicitividad Social creado en la esfera del organismo en diciembre “advirtiendo el cambio de paradigma en relación a la protesta que se ve agravado en la ciudad por un protocolo especial de la Fiscalía que es más gravoso que el de Bullrich”.
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Fuente: Se presentó la Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta
