Frente a la publicación en el Boletín Oficial del decreto 1340/16 el pasado lunes 2 de enero (aunque fechado el 30/12/16), la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) -espacio plural y multisectorial que FARCO integra junto a cientos de organizaciones sociales, sindicatos, universidades, asociaciones profesionales y de medios de comunicación, entre otros- emitió un duro pronunciamiento en el que considera que “el gobierno nacional vuelve a violentar la ley y las garantías constitucionales para intervenir por decreto en el campo de la comunicación a fin de favorecer la concentración y la cartelización de los servicios audiovisuales y de telecomunicaciones”.
En el comunicado (que puede leerse completo acá) la CCD afirma que el decreto “afecta más aún la libertad de expresión y promueve la consolidación de un mercado oligopólico que protagonizan las principales corporaciones en materia de servicios convergentes: el Grupo Clarín, Telefónica y Telecom” y explica que “permite al ENACOM disponer del espectro radioeléctrico —recurso natural patrimonio del pueblo argentino—a la medida de los grandes operadores del mercado, atribuyendo bandas de frecuencias y diseñando concursos a medida. También liberalizará las tarifas para que las corporaciones puedan llevarlas a los niveles de operación de sus otras filiales en América Latina. Asimismo autoriza la reasignación discrecional de frecuencias de servicios de comunicación audiovisual y servicios móviles para permitir el empleo por parte de Grupo Clarín —para su empresa Nextel— de posiciones en el espectro adquiridas para otros usos a precios de remate”.
Además, “clausura por quince años la obligación de Telefónica, Telecom, Cablevisión y otros grandes operadores, de abrir la red de última milla (o sea, permitir la llegada a los hogares) de otros impidiendo en ese lapso que otros operadores ofrezcan servicios utilizando la plataforma existente. De esta manera se cristalizan las posiciones dominantes, impidiendo una mayor competencia. DirecTV tendrá su premio al serle permitido el ingreso al negocio de los servicios TIC (internet)”.
“El decreto también protege al Grupo Clarín, impidiendo hasta 2018 la competencia a Cablevisión de los prestadores de telefonía básica (Telefónica y Telecom) en los grandes mercados (AMBA, Rosario y Córdoba). El Decreto invoca una protección para operadores locales cooperativos o Pymes, pero la misma solo resulta aplicable en las pequeñas ciudades donde sean un único prestador, es decir, marginales en términos de mercado”, afirma la CCD.
La Coalición ya había advertido sobre la tendencia de las políticas oficiales a la total desregulación, concentración y tratamiento de la comunicación sólo en términos de mercado en dos pronunciamientos anteriores, resultantes de sus dos Encuentros Federales realizados el año pasado: la “Declaración de La Pampa” resultante del 1er Encuentro realizado en esa provincia en el mes de junio, y el documento “Un año fuera de la ley” elaborado en el 2do Encuentro, en el Anexo el Congreso Nacional, el 2 de diciembre.
“El gobierno vuelve a regular de manera autoritaria y autocrática”
Para el especialista en comunicaciones Gonzalo Carbajal, uno de los referentes de la CCD “lo que ha hecho el gobierno con este decreto es volver a regular de manera autoritaria, autocrática, sin consulta popular, sin el Poder Legislativo, una actividad que para muchos de nosotros, para los tratados internacionales, convenciones y constitución nacional es un derecho humano, pero para ellos es simplemente una actividad comercial. Lo ha hecho regulando servicios que deberían estar al servicio de la comunicación popular poniéndolos al servicios de sus negocios. De esta manera sigue en el mismo camino emprendido hace un año con el decreto 267/15 en el que modificó sin pasar por el Congreso una ley que había sido aprobada por amplias mayorías en el 2009″
Carbajal consideró que, en referencia a los principales actores concentrados de la comunicación en Argentina, “este decreto lo que ha hecho es: un poquito a cada uno, y para los chiquititos, nada”, ya que “le otorga a Direct TV, la empresa de TV satelital, la posibilidad de dar servicios TICs, de internet específicamente”, mientras que “a las dos empresas telefónicas más grandes, Telefónica y Telecom, les permite que durante 15 años usen con exclusividad sus redes, es decir, les garantiza que ninguna otra empresa pueda dar servicios utilizando la ultima milla de las redes telefónicas que ellos tiendan hasta los hogares. Eso impide la competencia y el ingreso a los negocios TIC de los operadores más pequeños. Y al Grupo Clarín, otro de los grades socios del gobierno, le garantiza por un lado un año más de exclusividad en el servicio de televisión paga, porque las empresas telefónicas no van a poder brindarlo hasta el 1 de enero de 2018, y por otro da un casi una media palabra en la autorización para el uso delas frecuencias del espectro que el Grupo Clarín a través de su hoy empresa controlada Nextel, que compró a precio de regalo, porque eran frecuencias que estaban autorizadas para otros usos, y ahora esas frecuencias van a ser autorizadas para dar servicios de telefonía celular que es lo que necesita Nextel para ser un operador en competencia real con los otros tres grandes operadores del mercado“.
Fuente: Nuevo decretazo en comunicaciones significa “mayor concentración fuera de la ley”
