Por Dolores Córdoba *
[/vc_column_text][vc_column_text]En la mañana del lunes 14 de marzo, l@s sanjuanin@s amanecimos con la noticia de un nuevo femicidio. Patricia Olivares, 47 años, vecina de La Bebida. Según sus hijos, un vecino, un amigo y otros testimonios, el viernes Patricia habría sido salvajemente golpeada por su pareja, Enzo Garín, en una parada de colectivo a la vista de varios testigos.“No podemos actuar si las mujeres no denuncian” es uno de los argumentos muchas veces usado por las autoridades ante casos de violencia y femicidios. Patricia sí lo había hecho. La última denuncia fue el día anterior a la última golpiza. Cuando el violento se enteró, la buscó y la golpeó con saña. Sus hijos dicen que producto de esos golpes ella llegó a su casa descompuesta, y tuvo vómitos. Cuando se levantó se desmayó y luego la internaron. Murió el domingo a las 20 horas.
Si los médicos tuvieran el mismo cuidado por la salud de las mujeres que el que tienen por evitar el ejercicio de sus derechos, más mujeres se salvarían y más denuncias se harían. No sería el primer caso en el que una mujer entra al hospital gravemente golpeada y la institución, a pesar de tener la expresa obligación, no hace la denuncia.
La indignación vuelve a crecer en la mayoría de las personas que leemos otra vez la noticia de un femicidio en San Juan. El 27 de febrero nos enterábamos del hallazgo del cuerpo de Ramona Graciela Mallea, cuya pareja, luego de asesinarla y enterrarla en el fondo de su casa, se presentó en una comisaría para entregarse.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_single_image image=»4066″ img_size=»large»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=»Y los diarios…» title_align=»separator_align_left» align=»align_left» color=»juicy_pink» border_width=»3″][vc_column_text]A pesar de todos los testimonios y testigos, para Diario de Cuyo, en base a los dichos del médico legista, no habría golpes y mucho menos compatibles con pedradas. Patricia estuvo dos días internada hasta que murió. Según la autopsia, dice Diario de Cuyo, “falleció como consecuencia de un ataque cerebrovascular a raíz de un pico de hipertensión arterial”. Una vez más, los diarios ponen en duda las denuncias y defienden al agresor.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=»Y las autoridades…» title_align=»separator_align_left» align=»align_left» color=»juicy_pink» border_width=»3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Junto a la noticia de la muerte de Patricia se dieron a conocer la cantidad de denuncias que el agresor tenía, hechas por ella y al parecer por anteriores parejas. Unas 16 denuncias y 5 pedidos de captura tenía Enzo Garín.
Además se publicaron los dichos del Secretario de Seguridad provincial, Gustavo Fariña. “No en todo pedido de captura la Policía puede actuar en tiempo y forma” ya que “cuando salen a buscar a veces la persona está escondida o fuera de la provincia”, expresó el funcionario a menos de 24 horas del fallecimiento de Patricia y molesto con la mala predisposición de los prófugos para ser capturados.
La policía actúa y tiene personal suficiente para desplegar un operativo y detener a jóvenes que ensayan con su murga en el Parque de Mayo. Esto pasó en el mes de febrero.
La policía detiene todos los días a jóvenes que no tienen ningún pedido de captura, ni están cometiendo ningún delito, bajo figuras como merodeo, vagancia, tomar alcohol en la vía pública, etc.
La policía detuvo a dos jóvenes gays por besarse en el Parque y en el mismo lugar a una lesbiana por ser lesbiana.
La policía se lleva presas por varios días a trabajadoras sexuales y a travestis bajo la figura de “prostitución escandalosa”, una figura inconstitucional e incompatible con los derechos humanos como las anteriores mencionadas del código de faltas.
El Secretario de Seguridad, tanto como el Ministro de Gobierno y la Justicia no pueden desconocer el accionar policial. Su trabajo es controlarlo, dirigirlo, orientarlo. Son ellos quienes deben dar explicaciones de por qué priorizan perseguir a los jóvenes acusándolos de faltas cuya única prueba es la palabra del policía, en lugar de buscar personas con pedido de captura por parte de la Justicia acusados de cometer delitos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=»¿Qué seguridad protegen?» title_align=»separator_align_left» align=»align_left» color=»juicy_pink» border_width=»3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Cabe preguntarse qué seguridad es la que está protegiendo el Secretario Gustavo Fariña. No la de Patricia, no la de Ramona, no la de las mujeres que piden ayuda en forma reiterada y que no son atendidas. Tampoco la de las travestis, transexuales y trabajadoras sexuales que son detenidas sin cometer ningún delito y que, con la anuencia de los jueces de faltas, permanecen en comisarías durante días, a veces muchos más de lo que el Código de Faltas de la provincia, represivo y violador de los derechos humanos, permite.
No la de los pobres, no la de los jóvenes que rebelándose contra el orden que pretenden imponerles resisten con su arte en las calles, los murgueros, los artistas callejeros o los que simplemente quieren estar en la plaza, o en la vereda, juntos, charlando, y por qué no tomando una cerveza y fumando.
Hay una autoridad, un gobierno, que responde y alimenta a una clase social a la que estas cosas le molestan. Quieren el orden de la dictadura, el de la represión. Las mujeres y los jóvenes a las casas, adentro y adentro ya se sabe, manda el patriarca.
Ese es el discurso de la jerarquía de la Iglesia, el de los medios masivos y de todo un sector de la sociedad a quien se convenció, con más o menos trabajo, con más o menos éxito, de que eso es seguridad.
Mientras, las mujeres siguen muriendo, los jóvenes sigan siendo penalizados, cuando no asesinados. Mientras, Mauricio Atencio y otros como él aparecen ahorcados en comisarías. Mientras, Luciano Arruga desaparece. Mientras, cientos son asesinados a mansalva y muy pocas veces sus crímenes juzgados y castigados. Mientras militantes populares son procesados por oponerse a la megaminería que siempre denunciaron contaminante y que ahora la Justicia reconoció que lo era, pero ellos y ellas siguen procesados.
