Por unanimidad, los jueces avalaron los aumentos de más del 500% con el argumento de que los que habían cuestionado el tarifazo no representan intereses colectivos y por lo tanto no están legitimados para hacerlo. Por ese motivo, los jueces ni siquiera analizaron la cuestión de fondo, es decir, si son legales o no los aumentos.
Pese al fallo de la Corte Suprema, algunas multisectoriales contra los tarifazos aseguran que el aumento sigue frenado porque permanece vigente el fallo de la jueza Martina Forns que los había suspendido en todo el país. La Corte también analizó este fallo ayer, pero no lo anuló sino que le devolvió la causa a la jueza para que verifique si los demandantes representan o no intereses colectivos.
La abogada Valentina Enet, que patrocina a los vecinos de Córdoba contra los tarifazos, asegura que sigue vigente la suspensión dictada por la jueza Forns y aclaró que este fallo es exclusivamente para la zona bonaerense, donde prestan el servicio Edenor y Edesur.
“No dice si está bien o está mal el tarifazo, simplemente habla de la representación de las personas que presentaron el amparo y dice que no conforman una clase. Es una dilación, nada más”, agregó.
Enet aseguró que el fallo de ayer de la Corte fue político y criticó que “los medios le han dado otra interpretación”.
Desde la Multisectorial de Rosario contra los tarifazos también manifestaron que sigue vigente el fallo de la jueza que frenó el tarifazo eléctrico en todo el país. Recordemos que la jueza prohibió a la distribuidora Cammesa aplicarle los aumentos a las empresas eléctricas que prestan el servicio en las distintas provincias.
El rechazo de Gils Carbó
Ayer, antes de darse a conocer la resolución de la Corte, la procuradora Alejandra Gils Carbó dictaminó contra el tarifazo eléctrico en la provincia de Buenos Aires. Recomendó confirmar el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había frenado el tarifazo de la luz que ordenó el gobierno nacional y que aplicaron las empresas Edenor y Edesur. Los aumentos aplicados estuvieron entre el 500 y el 750% y, según la Procuradora, corresponde suspenderlos porque se decidieron sin la realización previa de audiencias públicas.
Además reiteró que existe “el deber de fijar tarifas justas y razonables, respetando los principios de transparencia, certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad”. Gils Carbó opinó que fijar tarifas irrazonables puede afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de energía eléctrica, comprometiendo el goce de derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional.
Fuente: La Corte revocó el fallo que había frenado el tarifazo eléctrico en la provincia
