En memoria de la masacre de Ingeniero Budge, y de los cientos de jóvenes asesinados por fuerzas policiales, el 8 de mayo es el “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional” (Ley Nº 26.811). En correlato con esta Ley, el Consejo Federal de Educación del Ministerio de Educación de la Nación acordó, en la Resolución Nº 189/12, que el 8 de mayo se incluya en los calendarios escolares de cada jurisdicción, disponiendo que en los “establecimientos educativos se realicen acciones pertinentes para consolidar la concepción democrática de la seguridad respetando la plena vigencia de los derechos humanos, la sujeción irrenunciable de las fuerzas de seguridad al poder político y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad”.
Sobre esto hablamos con Luciana Mazuelos de APDH – San Juan, que dijo: «San Juan tiene uno de los índices más altos de denuncias por violencia institucional, no solamente con lo que tiene que ver con la violencia ejercida de las fuerzas de seguridad hacia los jóvenes, sino también con lo que tiene que ver con los centros de salud y las mujeres».
También expresó: «En San Juan no se implementa la ley nacional de violencia, que ampara otras leyes como el programa nacional de salud sexual, el parto humanizado y la ley de educación sexual integral, de por sí ya hay violencia institucional del gobierno provincial, ya tenemos violados nuestros derechos».
Mazuelos expresó que desde la APDH están acompañando a muchas mujeres, «debido a la violencia que se ejerce hacia ellas en el momento de parir. Si bien San Juan está adherida desde 2004 a la ley de parto humanizado, «las y los médicos no se dan por enterados y no quieren leer la ley, porque nos hemos reunido con funcionarios de Salud y no están interesados en participar en ningún taller que tenga que ver con esto». Argumentó que esto se da «porque no les interesa, no están educados con perspectiva de género y derechos humanos y eso es algo que la ley nacional de violencia explicita: educar y orientar al personal de Salud, Educación y a la Policía, en derechos humanos con perspectiva de género». «Eso no se cumple, es una decisión política y una cuestión ideológica hacer frente a esta cuestión», señaló.
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