La solicitud de la Defensora, Cynthia Ottaviano, es en respuesta a los cientos de reclamos ante los decretos emitidos por el Gobierno Nacional, que modifican la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, disponen la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la remoción de su Directorio.
A las numerosas presentaciones recibidas en la Defensoría del Público por parte de organizaciones universitarias de Argentina y Latinoamérica, campesinas e indígenas, cooperativas de trabajo, periodistas con visión de género, asociaciones de periodistas y especialistas en comunicación; se sumaron esta semana la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), el Sindicato de prensa de Rosario, programas universitarios, carreras de comunicación, centros de estudio y entidades especializadas en comunicación entre otros.
La solicitud de “urgente intervención” efectuada por la Defensoría al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, tiene “el fin de evitar que las medidas adoptadas signifiquen un retroceso en la protección de los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión”.
El Relator ya había expresado su disconformidad con lo sucedido en la Argentina por decisión del Gobierno Nacional al asegurar que “no aprobamos intervernir la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) por medio de un decreto”.
El pronunciamiento de la Coalición
La Coalición por una Comunicación Democrática es un grupo de sindicatos de prensa, universidades, organizaciones sociales, radios comunitarias, pequeñas radios comerciales y organismos de derechos humanos, entre otros, que convocada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias presentaron 21 puntos básicos que sentaron las bases de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 en reemplazo de la ley de radiodifusión instaurada por la última dictadura cívico-militar.
“La Coalición por la Comunicación Democrática respalda y acompaña a la Defensoría del Público en su gestión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dada la decisión del gobierno del presidente Mauricio Macri el que contra las normas constitucionales intenta legislar a través de decretos, llamados de necesidad y urgencia en el sector de los servicios de comunicación audiovisuales.
Las decisiones adoptadas, que amplían los márgenes de concentración de emisoras de radio y televisión y en el sector de la televisión paga, favorecen directamente a grupos privados, se contraponen con la Convención Americana, que expresa taxativamente que esa concentración es contraria al derecho a la libertad de expresión y a la circulación libre de informaciones y opiniones, con múltiples emisores.
Además, los decretos desvirtúan las disposiciones de la Ley 26.522 y dan al Poder Ejecutivo potestades abusivas y contrarias a la autonomía prevista en la Convención, al desarticular organismos como el COFECA, (Consejo Federal de Comunicación Audiovisual que cuenta con participación de representantes de todas las provincias y es un espacio que como la CCD lo impulso tras cientos de debates y foros un espacio plural, interdisciplinario y multisectorial” aseveraron desde la entidad.
“Se vulneran los principios que desde el sistema interamericano se han defendido”
“Manifestamos el apoyo del Foro Argentino de Radios Comunitarias al pedido de reunión que la Defensoría del Público planteó al Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dados los decretos del Gobierno Nacional que desarticularon los organismos de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que modifican la Ley 26.522 en varios de sus principios centrales, definidos a través de un proceso participativo de debate y elaboración. Como señala la nota de la Defensoría, estas medidas constituyen una amenaza a la libertad de expresión según los parámetros del sistema interamericano, puesto que se vulneran “los principios que desde el sistema interamericano se han defendido”.
Consideramos que la Ley 26522 es un aporte inestimable al derecho a la comunicación, la diversidad y la ampliación de derechos y que debe ser sostenida. Advertimos que la expansión arbitraria de las cuotas de mercado, la transferibilidad de las licencias y la prórroga automática de las mismas, dispuestas a favor de empresas privadas, constituye una amenaza directa a centenares de emisores de radio y televisión que vienen construyendo una circulación de información y opinión diversa y plural, indispensable para una democracia verdadera. La concentración en la propiedad de los medios y la oligo/monopolización que conlleva son situaciones que claramente atentan a la libertad de expresión y al pluralismo necesarios para que el sistema de medios respete la democracia comunicacional y considere la comunicación como un derecho y no un bien de mercado. Acompañamos, entonces, el reclamo de la Defensoría y esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responda positivamente al mismo”.
Fuente: FARCO adhiere al pedido de pronunciamiento internacional para garantizar la libertad de expresión
