Así lo expresó Fernando Bracaccini, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, con respecto al protocolo de seguridad en manifestaciones públicas que impuso el gobierno nacional. Crece el repudio de diversas organizaciones sociales.
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Numerosas organizaciones y especialistas aseguran que limita el derecho a la protesta, da más poder a las fuerzas de seguridad para reprimir y subordina derechos fundamentales como la libertad de expresión a cuestiones de menor relevancia como la libre circulación de los automóviles.
Tras el anuncio de este nuevo protocolo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo que ante un corte de ruta se darán 5 minutos para que sea levantado y si esto no ocurre se lo desalojará por la fuerza.
En declaraciones a Informativo FARCO el coordinador del Área de Fortalecimiento de Instituciones Democráticas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Fernando Bracaccini aseguró que es inconstitucional y explicó que se está llevando a cabo una campaña para instar al Ministerio de Seguridad a que lo derogue. “La protesta constituye parte del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a peticionar ante las autoridades y es parte fundamental del sistema democrático”, remarcó.
Bracaccini aseguró que es preocupante que el Estado tenga como principal respuesta ante reclamos sociales el uso de las fuerzas de seguridad y destacó que, muchas veces, la protesta en la vía pública se realiza ante necesidades básicas insatisfechas.
“El Estado debe garantizar que aquellos grupos con dificultades para acceder a medios masivos de comunicación -que suelen ser disidentes y/o minoritarios- puedan expresar sus ideas y ser escuchados por la sociedad. Las expresiones críticas de estos grupos quedarían acalladas si se imposibilitara su manifestación a través de medios efectivos para que la ciudadanía los oiga, motivo por el cual estas expresiones deben ser protegidas más allá de su contenido o de que estemos no de acuerdo con ellas”, expresó la ACIJ en un comunicado.
Fuente: “El protocolo es inconstitucional porque viola derechos humanos fundamentales”
