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Representantes de organizaciones campesinas e indígenas junto a organismos del Estado se reunieron para consensuar la reglamentación de la Ley 27.118 de reparación histórica de la Agricultura Familiar. Durante el encuentro surgieron fuertes reclamos por la situación que atraviesan miles de las familias rurales afectadas por inundaciones y sequías.
La reunión, presidida por Oscar Alloatti, secretario de Agricultura Familiar, se realizó este martes en el microcine de la Secretaría. Participaron representantes de las 13 organizaciones campesinas e indígenas que integran el Consejo Asesor Nacional junto a funcionarios del Ministerio de Agroindustria como el INTA, SENASA y UCAR.
La propuesta de los organizadores fue dar un plazo de 30 días para analizar el documento. Luego, el Consejo Asesor acordaría la redacción del Decreto Reglamentario para que el Presidente Mauricio Macri pueda firmarlo en el mes de septiembre y el Congreso de la Nación adjudicarle el presupuesto correspondiente.
Pero además del análisis de la Ley, en la reunión no estuvo ausente la dramática situación que atraviesan las familias campesinas e indígenas por la emergencia climática y la falta de respuestas urgentes por parte del Estado. “Si bien los compañeros del litoral soportaron inundaciones sin precedentes, nosotros en el noroeste estamos sufriendo las consecuencias de una fuerte sequía que provoca mortandad de animales y pérdidas de cultivos”, expresó Daniel Argamonte, indígena jujeño de la Red PUNA. Asimismo, reclamó que “por parte de la Secretaría de Agricultura no recibimos ningún tipo de ayuda”. “Nos dicen que están sin recursos y no tienen ni para el combustible”, argumentó.
En el mismo sentido se expresó Ramiro Fresneda, del Movimiento Campesino Indígena de Córdoba:
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La Ley y sus actores
Entre los puntos más importantes de la Ley de Agricultura Familiar se destacan la suspensión de desalojos por el lapso de tres años; la definición de la tierra como un “bien social”; y el establecimiento de mecanismos para el acceso a la tierra (Banco de Tierras). También, la norma establece la prioridad para la compra estatal de los productos de la agricultura familiar, el fomento de las ferias locales y la creación de una cadena nacional de comercialización. Asimismo, promueve el fortalecimiento y la promoción de la Agroecología.
La norma es una ley de adhesión, por lo que se invita a las provincias a adherir a la misma y/o a armonizar su legislación según sea el caso. Las provincias que ya adhirieron son: Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Jujuy y Neuquén. Las que cuentan con Ley propia: Chaco, Río Negro, Salta, San Juan y Misiones.
Las organizaciones que integran el Consejo Asesor son la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF); la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA); el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI); y el Frente Nacional Campesino (FNC); Grito de Alcorta.
También están el Movimiento Campesino de Liberación (MCL), Unión de Pescadores Artesanales (UAPA); el Encuentro de Pueblos Originarios (ENOTPO); Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Argentina (ONPIA); la Asociación Mujeres Rurales (AMRAF); el Frente Agrario Evita; y la Federación Agraria y Movimiento Agroecológico Latinoamericano (MAELA).
