Por Santiago Staiger
(Militante de Patria Grande)
En poco más de medio año de cambio de gobierno en nuestro país, la discusión sobre la “inseguridad”, “la mano dura” y el “mantenimiento de vagos” que produjo la exacerbación reaccionaria que parecía constituirse como hegemónica tras las últimas elecciones, se consolida como una política concreta. Esto se manifiesta en prácticas hostiles hacia los sectores populares.
La mano dura, las razzias policiales y la estigmatización constante hacia los sectores históricamente más postergados de nuestra sociedad se establecen como políticas con alto grado de legitimación, por supuesto, para las clases dominantes.
Los primeros en pagar los platos rotos, como siempre, son los y las de abajo. Esa es la lógica que se busca establecer desde arriba. El poder real es el poder económico y necesita aparatos que le sirvan como instrumentación para poder seguir concentrando las riquezas con menores obstáculos: las fuerzas represivas, los grandes medios de comunicación y el poder judicial. La policía, cómplice de narcos, mantiene una alta connivencia con jueces y todos ellos permanecen dentro del cerco mediático.
La crisis se transfiere y la están pagando quienes menos tienen. Los bancos y las grandes empresas no sufren, y muy por el contrario, son los primeros beneficiados de las políticas económicas del gabinete de Macri. El problema es estructural, reside en las desigualdades y recae en los estratos más desprotegidos. La violencia policial, a su servicio, se manifiesta, por ejemplo, con las razzias, entrando a las casas de pibes pobres solamente para justificar su “deber”.
El alineamiento hacia políticas económicas de libre mercado y la subordinación que esto implica, trae consigo una disputa cultural, que de perderla, mermará la posibilidad de avance del campo popular en su conjunto.
Vivimos ante una “inseguridad” de la propiedad privada y los primeros en caer bajo la lupa de las clases dominantes como peligrosos son los que menos tienen.
Pero además de lo personal, está lo público, y cuando nos roban lo público nos quitan las ideas, y lo privado pasa a ser mejor. Roban el acceso a la vivienda, a la educación pública, gratuita y laica, al trabajo digno, a la vida y al agua, el acceso a no sufrir violencia de género, el derecho al aborto, todos los derechos.
¿Quiénes nos roban? Quienes más tienen, los que necesitan de las grandes mayorías para que sus negocios cuadren. Este gobierno de CEO’s nos quita permanentemente lo que tanto costó, esfuerzos colectivos, reivindicaciones de organizaciones sociales, pueblos originarios, sectores subalternos.
Los grandes medios de comunicación abordan las razzias policiales como “allanamientos”, siempre y cuando, hayan podido desbaratar alguna banda, eso sí, de dudosos vínculos con la misma fuerza policial. Lo que también existe es la intencionalidad de fomentar comentarios estigmatizantes de “hay que matar a todos los negros”, cuando en realidad sabemos que lo que hay que hacer es cambiar el sistema.
Nos quieren hacer creer que una mayor democratización en la comunicación depende exclusivamente de la libertad de su mercado, y que si hay grandes empresas que manejan la opinión pública entonces existe, por supuesto, una verdadera democracia, una verdadera y real libertad de opinión.
Nos han robado hasta eso, hasta la palabra.
