Escuchá/Descargá el reporte de Pablo Russo, desde Radio Barriletes
En Entre Ríos, organizaciones ambientalistas están en alerta por un proyecto que prevé, entre otros puntos, la venta de arena para fracking, el método altamente contaminante de extracción de petróleo y gas. Esto a pesar de que varios municipios entrerrianos prohibieron el fracking.
Se prevé instalar un Polo Industrial al sur del departamento de Gualeguay. El área contempla la construcción de una planta de hormigón celular, otra de producción de energía eléctrica con árboles de las islas, y una planta de extracción de arenas especiales del río Gualguay.
Los asambleístas enviaron cartas al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet; al intendente de Gualeguay, Federico Bogdan; y al ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren. Interrogan a los tres Estados sobre cómo compatibilizar la determinación de los entrerrianos contra el fracking, expresada en casi 40 ordenanzas municipales y en un proyecto de Ley Provincial que prohíbe esta práctica en el territorio, con esta nueva intención de Parque Industrial en Puerto Ruíz, un área de humedales.
El plan viene de la mano de empresas del Grupo Gualtieri, como FRONTERA Sociedad Anónima.
El periodista Tirso Fiorotto, presidente de la Junta Abya yala por los Pueblos Libres, una de las organizaciones sociales que adhiere al reclamo, dijo a Radio Comunitaria Barriletes: “En lugar de frenar todo esto, parece que intentamos con un proyecto ofrecer la arena que se usa en la fractura hidráulica para otras provincias. A nosotros, que tenemos fama de haber luchado contra el fracking y de haber logrado cosas efectivas como esto de los municipios, que prohibieron el fracking, nos deja un poco como ´sanateros´ o por lo menos como aprovechándonos… que no hagan fracking acá pero que lo hagan en otra parte para aprovechar nosotros la energía. Esa es la hipocresía que tenemos que denunciar”.
Si bien la extracción de arenas es preocupante porque contribuye al fracking, el problema no termina ahí. Los ambientalistas piden explicaciones sobre el avance de un proyecto que todavía no presentó estudios de impacto ambiental ni cuenta con el debido consenso social, lo que deja al descubierto una violación a la legislación vigente.
