Escuchá/Descargá el reporte de Pierina Propato, desde Radio La Ranchada
La Cámara en lo Contencioso Administrativa hizo lugar a un amparo presentado por organizaciones vinculadas a la vivienda contra la Municipalidad de Córdoba.
La acción de amparo fue promovida por la Asociación de Beneficiarios y Adjudicatarios de Planes de Vivienda (Hogar Clase Media Mix), la Cooperativa de Trabajo Felipe Varela (Comisión Provincial de Tierras) y la Asociación Mutual Carlos Mugica, propietaria de La Ranchada.
El Banco del Inmueble tiene como objetivo facilitar el acceso a tierra para vivienda propia y única y limitar los procesos de valoración y especulación inmobiliaria, principalmente.
Marco Galán, especialista en hábitat social y presidente de la Mutual Carlos Mugica, resaltó la importancia de la plena implementación de la Ordenanza Municipal 11.988.
Además, la ordenanza, sancionada en 2011 establece que las nuevas urbanizaciones a ser aprobadas por el Municipio deberán donar el 5% de la superficie parcelaria a fin de integrar el Banco del Inmueble. Dicha donación puede efectivizarse con tierras ubicadas en el mismo predio a urbanizar, en otro predio dentro del ejido de la ciudad o con su equivalente en dinero.
Sin embargo, hay más de 60 loteos privados que no han cedido ese 5% que prevé la ordenanza, y que, en muchos casos, ya fueron vendidos sin calcular ese costo.
En otros términos, esto implica 500 mil metros cuadraros de tierra que deberían ser transferidos al municipio, o su equivalente en dinero, que son mil cien millones de pesos que deberían aportar los desarrollistas privados al banco del inmueble. De contar con estos recursos, el municipio tendría entre 2500 y 3000 lotes para viviendas sociales.
“Por fin la justicia toma una decisión que protege a los sectores populares que no tienen tierra ni vivienda“, afirmó Galán.
Gacetilla completa
ORGANIZACIONES SOCIALES DE VIVIENDA PROMOVEMOS ACCIÓN DE AMPARO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA
Es un recurso llevado adelante por la Asociación de Beneficiarios y Adjudicatarios de Planes de Vivienda (Hogar Clase Media Mix), la Cooperativa de Trabajo Felipe Varela (Comisión Provincial de Tierras) y la Asociación Mutual Carlos Mugica.
La medida busca que las autoridades municipales apliquen en su totalidad y reglamenten la Ordenanza Municipal 11.988, para la formación del denominado “Banco de Inmuebles”.
Según reza la citada ordenanza en su Art. 1°, el Banco Municipal de Inmuebles debe integrarse por inmuebles del dominio público afectados al uso privado, que no cuenten con afectación específica, o que habiéndose afectado haya quedado sin efecto la causa de su afectación, más aquellos que se adquieran a tal fin.
Justamente, entre sus principales objetivos encontramos el facilitar el acceso a tierra para vivienda propia y única, gestionar la reserva de tierras destinadas a equipamiento urbano, promover la reducción de la incidencia del precio del suelo en el precio total de las viviendas construidas o a construir, como forma de regular y limitar los procesos de valorización y especulación inmobiliaria.
Se establece asimismo que, las nuevas urbanizaciones a ser aprobadas por el Municipio, además de las exigencias ya contempladas en las Ordenanzas Nº 8060/85 y 8606/91 y sus modificatorias, deberán donar el cinco (5 %) de la superficie parcelaria, a fin de integrar el Banco Municipal de inmuebles.
Dicha donación puede efectivizarse con tierras ubicadas en el mismo predio a urbanizar, o con una superficie equivalente en su valor económico de tierra urbanizada en otra localización dentro del ejido municipal, o bien con su equivalente en dinero.
El Intendente Municipal no ha cumplido con su obligación de exigir a ningún desarrollista la cesión del 5 % de las parcelas o su valor en dinero, provocando un perjuicio en sus derechos constitucionales a los vecinos en situación desfavorable y a las instituciones que los agrupan, que se pueden cuantificar en 509.895.89 metros cuadrados que debieron ingresar al “Banco de Inmuebles” o lo que traducidos en pesos (y al irrisorio precio de $ 2.000 el metro cuadrado) priva a sectores vulnerables, y con derecho de acceso a la vivienda, de la suma de $1.019.791.000 aproximadamente, que estimamos producirían 2500 lotes.
La misma norma prevé además la creación de un Padrón de Postulantes del Banco Municipal de Inmuebles, en el cual se inscribirán aquellas personas físicas o jurídicas que deseen acceder a inmuebles afectados al Banco, lo cual tampoco ha sido efectivizado.
Ninguna duda cabe acerca de la enorme frustración que causa a vecinos de la ciudad de Córdoba en situación de calle y a las instituciones solidarias que intentan dar soluciones habitacionales a los más desfavorecidos de la sociedad, la indolencia e inacción del Municipio en la aplicación de esta Ordenanza, dictada ya hace casi 5 años.
Esta inacción municipal viola los derechos fundamentales y las garantías reconocidas por la Constitución de la Provincia de Córdoba, la Constitución Nacional y la misma Carta Orgánica Municipal.
Como instituciones con reconocida trayectoria en la defensa de los derechos ciudadanos, AVANZAMOS EN ESTA ACCIÓN DE AMPARO, convencidos de la necesidad de exigir el cumplimiento de la ley, fundamentalmente los derechos de acceso a la tierra y a la vivienda de miles de cordobeses que, teniendo reconocidos estos derechos por la normativa vigente, deben padecer la quietud de quienes incumplen con la justicia, con la ley y con la voluntad popular.
Fuente: “Por fin la Justicia toma una decisión que protege a los sectores que no tienen tierra ni vivienda”
