La Justicia Federal emitió una cautelar que deja sin efecto el DNU del Gobierno Nacional que declaraba a los servicios de telecomunicaciones como Servicio Público. Esta medida afectaría la Prestación Básica Universal para los sectores con menos recursos y favorece al monopolio Telecom. Sobre este tema hablamos con Néstor Busso, comunicador y actual responsable del área de Políticas Públicas de Comunicación de FARCO.
Una vez más, la Justicia decidió responder a los intereses de un grupo económico como lo es Telecom, uno de los principales monopolios que ya venía de ser beneficiado por el gobierno de Mauricio Macri y la Corte Suprema, con la modificación inconsulta de la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
“El Estado reconoce un derecho y una empresa dice ‘no esto es mi negocio privado, aquí me afectan mis intereses’” expresó en breves líneas Néstor Busso, la situación por la que la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal decretó una medida que suspende por 6 meses, artículos del DNU 690/2020, decreto que fue ratificado en el Congreso de la Nación “parece que el interés manda”.
El ENACOM presentará a la Justicia un recurso extraordinario para revertir esta medida. Vale recordar que el Ente Nacional de Comunicaciones había indicado que la suba en los servicios de telefonía, internet y televisión no debía superar el 5 por ciento, pero en lo que va del año se han denunciado subas por encima del 20 por ciento.
Por otro lado, este DNU obligaba a que las empresas de estos servicios debían incorporar un Prestación Básica Universal, que consistía en un servicio de base con un costo económico , como por ejemplo, el valor mensual de un plan básico de telefonía, debería costar $150. Esta medida estaba destinada a quienes son jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, AUE, PROGRESAR, amas de casas registradas y otros grupos que integran el eslabón con menores recursos de nuestro país.
