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El reclamo colectivo logró que el pasado viernes 31 de marzo finalmente se deroguen los artículos de una resolución que ponía en riesgo la conservación de documentos generados por la Administración Pública Nacional.
Se trata de dos artículos, de la resolución N° 44 de la Secretaría de Modernización Administrativa del 30 de diciembre de 2016, que permitían a funcionarios de determinado rango, resolver si iban a conservar o tirar documentación de la administración pública, y también los habilitaba a establecer si dicha documentación tenía valor histórico y debía conservarse, o no. Estos artículos desconocían que el Archivo General de la Nación es el encargado de resolver esas cuestiones.
Una trabajadora del Archivo General de la Nación (AGN) contó a Radio Garabato que se logró “gracias a la lucha colectiva de muchos sectres que pidieron la revisión de esa resolución.”
La trabajadora del AGN también comentó que allí se conservan documentos que sirven como fuentes para la historia del país, que son memoria de las Instituciones que los generaron y además garantía del ejercicio de derechos de los ciudadanos y ciudadanas argentinos. “Dejar la determinación de que documento se puede guardar y cuál no, a un funcionario cualquiera es una situación delicada para la memoria y los derechos de todos y todas”, manifestó.
También señaló que luego de la derogación de la normativa, queda por delante el desafío de “comenzar a pensar los lugares de archivos como reductos de información que debe ser preservada con la garantía de que no será adulterada y a la que tenga acceso toda la ciudadanía.”
