La CIDH se comprometió a dar seguimiento a las políticas públicas de comunicación en el país

En sus 157º período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó el pedido de audiencia solicitado por organizaciones sociales de Argentina sobre el derecho a la libertad de expresión en el país.

Una semana después de esta reunión en Washington, donde participó la comitiva peticionante y representantes del gobierno argentino, la Comisión emitió un comunicado donde expresó que valora la información presentada por ambas partes.

El organismo manifestó que “valora el anuncio del gobierno de que abrirá un espacio de consulta y diálogo previo a la promulgación de una nueva legislación respetuosa de los estándares internacionales. Asimismo, la CIDH toma nota de la transitoriedad de la situación vigente y recuerda el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, por lo que continuará dando seguimiento al proceso”.

Néstor Busso, responsable de  políticas públicas de comunicación de FARCO e integrante de la comitiva peticionante ante la CIDH, explicó: “La Comisión consideró que era necesario debatir sobre la libertad de expresión en Argentina, eso quiere que las cosas no están tan bien. Nosotros hicimos un planteo muy concreto de cómo los decretos de Mauricio Macri destruyen la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, violan derechos humanos y significan un retroceso en derechos conquistados, Frente a eso, el gobierno no respondió, habló de supuestas violaciones del gobierno anterior y nos promete un paraíso que no sabemos cuándo va a llegar con una nueva ley que -dicen- que están elaborando. Prometieron que esa ley la van a elaborar con participación de universidades y del sector civil, pero hasta ahora solo han convocado a grupos afines al gobierno y al sector empresario”.

Además, Busso, resaltó que la Comisión recordó los estándares internacionales y “un principio que es el de la no regresividad: no se puede volver atrás frente a derechos conquistadas. Las nuevas políticas implementadas por los gobiernos y normas legales no pueden cercenar o no reconocer derechos que ya estaban reconocidos en la legislación anterior. Esto es el principio de progresividad”.

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En la audiencia del 8 de abril, las organizaciones de la sociedad civil y medios universitarios y comunitarios plantearon una serie de afectaciones a la libertad de expresión que se habrían producido como consecuencia de las modificaciones introducidas a la Ley de Servicios de Comunicación, a través de tres decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. La delegación del Estado justificó los cambios en el contexto de violaciones a la libertad de expresión que se verificaban en la anterior administración, la velocidad de los cambios en las tecnologías de la información y la posterior convalidación de estas normas por parte del Poder Legislativo.


Fuente: La CIDH se comprometió a dar seguimiento a las políticas públicas de comunicación en el país

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