Escuchá/Descargá el reporte de Germán Flores, dese Radio Sin Dueño
A fin de junio, con la excusa de “facilitar y posibilitar las inversiones en el país” el gobierno de Mauricio Macri emitió el decreto 820 mediante el cual flexibilizó por decreto los controles dispuestos por la Ley de Tierras para la venta de propiedades rurales a extranjeros. La medida no modificó los límites para la extranjerización -como el tope del 15% del territorio nacional y el máximo de 1000 hectáreas en zona núcleo o equivalente- sino que desarticuló una serie de exigencias que deben cumplir los inversores extranjeros para adecuarse a la norma. El texto eliminó también controles que estaban a cargo de la UIF y la AFIP, quitó sanciones para los intermediarios y pretende facilitar la venta de terrenos que incluyan espejos de agua.
Desde ese momento, organizaciones campesinas y productores rurales exigen la anulación del decreto.
En diálogo con Radio Sin Dueño, Lena Mozas, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza, dijo que, a nivel mundial, hay un “acaparamiento de tierras donde no es solo que una empresa exstrajeera compra tierras, sino que gobiernos de países empiezan a buscar tierras en zonas de climas más benéficos debido al cambio climático, la crisis alimentarias, es decir, la suba de precios a nivel mundial de los alimentos”.
El actual decreto que modifica la ley 26.737 promueve el acaparamiento de tierras en manos extranjeras y esto pone en grave peligro a las familias campesinas que trabajan y habitan territorios sin título de propiedad. Por este motivo, el Movimiento Nacional Campesino Indígena presentó un recurso de amparo que declara la incostitucionalidad de esta resolución del Ejecutivo y exige la nulidad del mismo: “este decreto cambia el sentido de la ley”.
Según el Registro Nacional de Tierras Rurales en un informe de 2013, la nacionalidad con mayor cantidad de hectáreas en el territorio argentino es la estadounidense (3,04 millones de hectáreas), seguido por Italia (2,3 millones), España (2,1 millones), Suiza (863.059), Chile (830.252), Canadá (492.075), Francia (419.958), y Holanda (270.233).
Fuente: Exigen la anulación del decreto que favorece la extranjerización de tierras rurales
