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Ottaviano hizo un recorrido de las decisiones políticas del gobierno de Mauricio Macri desde su asunción en relación a la comunicación: “En diciembre del año pasado, hubo DNU de las corporaciones pero firmados por Macri, que quitaron artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que impedían la concentración comunicación. Hoy tenemos una autoridad de aplicación gubernamentarizada, que funciona bajo los anteojos del presidente de la Nación, porque él decide quién la integra”.
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) reemplazó a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, organismo que se componía con 7 miembros, el presidente de la AFSCA y un director ; tres designados a propuesta por la Comisión bicameral (representando a las primera, segunda y tercera minorías del Congreso Nacional) y dos designados a propuesta por el Consejo Federal.
“Es un retroceso enorme para la Argentina, porque tardamos décadas en lograr la LSCA y declarar el derecho humano a la comunicación, para que con un ´decretazo´ se volviera a mercantilizar el escenario comunicacional. Es un retroceso enorme para los medios alternativos, comunitarios y populares”, resaltó.
La Defensora del Público se refirió, además, a la situación “invisibilizada” al canal comunitario Antena Negra TV: “Tuvieron un proceso de judicialización todo el año pasado pero cuando se presentó la Defensoría en el marco de ese procesamiento, finalmente el juez decidió no procesar. En todo caso si había alguna conflictividad comunicacional se debe tramitar en el ámbito administrativo, y eso hace a la calidad democrática”.
“La comunicación comunitaria, alternativa, popular no es un delito, al contrario, es esencial para las democracias”. Así lo planteó la Defensoría del Público frente al Poder Judicial según contó Ottaviano y agregó: “Estamos hablando de una situación inedita en la Argentina, donde tenes dos personas de la comunicación comunitaria que están siendo procesadas por un delito penal. A esto se suma la situación de los tarifazos, que generó que muchas radios comunitarias tuvieran que dejar de emitir la cantidad de horas que tenían, además de los 2500 puestos de trabajo que perdimos en el ámbito de la comunicación”.
En este mismo sentido, se refirió a cómo cree que seguirá la relación entre el Estado y los medios comunitarios, alternativos y populares del país:
“El Estado no sólo es el ENACOM, es también la Defensoría del Público, y hemos logrado conservar, preservar y defender las distintas perspectivas comunicacionales. Cuesta mucho porque tenemos dificultades presupuestarias, porque hace 10 meses que nos han quitado el presupuesto y eso es grave porque no permite nuestro desarrollo. Fijate que somos premiados por la OEA, pero nos quitan presupuesto eso -obviamente- genera dificultades”.
Fuente: “El ENaCom no está cumpliendo con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”
