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En Junín de los Andes, dos jóvenes víctimas de abuso sexual pidieron que las audiencias donde se juzgan sus casos sean abiertas al público, una infrecuente característica para este tipo de procesos.
Las victimas y sus familias, junto a organizaciones sociales, estudiantiles y colectivas feministas se hicieron presentes en la Oficina Judicial de la IV Circunscripción en Junín de los Andes y presenciaron las audiencias que se realizaron con una semana de diferencia.
“Decidimos hacer pública la audiencia porque creíamos muy necesario que la sociedad pueda visibilizar el manoseo que hace la Justicia con los casos de abuso. El hecho de que estos juicios sean de índole privada hace que la sociedad no hable sobre esto”, expresó Ailén, integrante de la Red de Familiares.
Claudia Barrionuevo, de la colectiva feminista La Mala Junta también destacó la importancia de acompañar a las víctimas en este momento: “queremos evidenciar el desamparo que genera todo el aparato estatal”.
En una de las causas, el abogado defensor del abusador es el asesor legal del municipio en la Subsecretaria de Familia, órgano municipal que tiene a su cargo velar por la defensa de la ley provincial 2302 de Infancia, Adolescencia y Familia y de la ley provincial 2785 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar.
Actualmente, Leandro Quiroga, defensor de uno de los abusadores, continua como asesor legal del municipio local, a pesar de que las familias pidieron que se lo aparte del cargo por la incompatibilidad que le genera defender abusadores y trabajar en el Estado asesorando al área que debe proteger a la infancia del pueblo.
Neuquén fue una de las primeras provincias de la República Argentina que llevó a cabo la adecuación legislativa de la Convención sobre los Derechos de los Niños, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, mediante la aprobación de la ley provincial 2302 del 30 de diciembre de 1999. Esta ley constituyó un gran avance en materia de legislación de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y sirvió de estímulo para la posterior aprobación de la ley nacional en la materia, la Nº 26061 del 21 de octubre de 2005.
Por su parte, las jóvenes, sus familias y las organizaciones continúan tejiendo una red en defensa de la infancia de la localidad y exigiendo el cumplimiento efectivo de la ley 2302.
