Esta es la realidad que le tocó atravesar a una mujer de nuestra provincia y a todo el colectivo que intentó defender una ley aprobada y promulgada hace meses, luego de que su ex pareja denunciara y obstaculizara el acceso a la IVE. Laura Pouso, militante de Patria Grande e integrante de la Mesa por el Aborto Legal en San Juan, nos habló del comunicado que emitieron desde el colectivo, y como afecta a las personas gestantes las diversas acciones judiciales, mediáticas y políticas que se vieron durante el último tiempo.
Un caso puso en alerta al movimiento feminista de San Juan y el país: un hombre decidió solicitar a la justicia que frenara el proceso que inició su ex mujer en la Obra Social Provincia de informarse y acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, algo que está contemplado en la 26710.
Luego de este primer botón rojo, el decidió salir a las calles con sectores enmarcados en la consigna de “Salvemos las dos vidas”, respaldado por el diputado denunciado por violencia de género, Eduardo Cáceres. Estas manifestaciones tuvieron cobertura, y si bien, nunca se difundió la identidad de la mujer, el es padre de otros hijos menores de edad que tiene con ella y en cierta medida, tanto los pequeños como la madre, podrían haber quedado al borde de ser expuestos explícitamente.
Muchos medios apelaron a relativizar y generar opiniones alrededor de una decisión personal que está respaldada por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo “el tratamiento mediático muestra por un lado, pensándolo en buenas intenciones, en trabajadores y trabajadoras sin perspectivas de género, por otro lado, existen grupos editoriales, espacios vinculados a sistemas de creencias, valores y doctrinas y porque no a espacios políticos que todavía se resisten a asumir que efectivamente desde diciembre el derecho a decidir sobre continuar o no con un embarazo es ley” comentó Laura quien agregó “no está en discusión ya el intercambio de opiniones, que fue todo el paso previo de años para que fuera sancionada como ley. No está en debate, no está en discusión, es un derecho”.
Por otro lado, el Tribunal de la Tercera Cámara Civil dio lugar a una cautelar con el fin de frenar el procedimiento que la mujer decidió realizar, intentando dejar un precedente a futuro para afectar el acceso pleno de otras personas gestantes a este derecho “por eso se decide apelar esta sentencia, porque entendemos que es violatoria de la ley (Ley N° 26710)”.
Es importante resaltar algo, a pesar de este hecho que le tocó padecer a esta persona gestante: Es Ley. Y por ello vale recordar que se puede pedir información, o bien denunciar obstaculización al 0800-222-3444.
